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CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL ACTUAL





RESPECTO  DEL  PODER  JUDICIAL


     Todos sabemos que un Estado democrático está constituido por tres pilares: el Ejecutivo (Gobierno), el Legislativo (las Cortes) y el Judicial (los Tribunales de Justicia encargados de aplicar las leyes). Para que el funcionamiento del Estado pueda calificarse de democrático es absolutamente necesario que los tres poderes sean independientes con el fin de que cada uno actúe como contrapeso y control de los otros dos.

El voto condicionado a los intereses políticos mayoritarios

     En la actualidad la tendencia es que sea el Ejecutivo el que acumule poder en detrimento de los otros dos, y esta realidad es especialmente grave en España. Efectivamente, por culpa de la disciplina de voto y del seguimiento ciego al líder (el que se mueve, no sale en la foto), el poder Legislativo está controlado y dirigido por el Ejecutivo. Los diputados del mismo partido político que el Gobierno, que suelen ser la mayoría o están cerca de ella, no son más que un apéndice del Ejecutivo pues nunca cuestionan ninguna decisión de éste. ¿Cuándo fue la última vez que se vio saltarse la disciplina de voto a un diputado? Yo no me acuerdo. Así que el Gobierno siempre saca adelante sus propuestas de ley porque cuando no tiene  la mayoría, pacta con algún partido minoritario dándole lo que pide (aunque no sea razonable) y encima, éste sacará pecho presumiendo que facilita la gobernabilidad del país. Así pues, el poder del Legislativo se ha subsumido en el del Ejecutivo.

     Por otra parte, todos sabemos que los principales cargos del poder Judicial se nombran por acuerdo de los principales partidos, que reproducen fielmente la relación de fuerzas emanada de las urnas  tanto en el Tribunal Constitucional como en el Supremo y el Fiscal General del Estado. Es vergonzoso asistir al espectáculo actual en el que determinadas vacantes no se cubren ante el desacuerdo de los políticos, que evidencia la politización de dichos organismos. Es decir, la Justicia está politizada, dicta sentencias lastradas por conveniencias políticas que merman la equidad de las mismas, por lo que podemos deducir que ya no es justa nuestra Justicia. Se ha desvirtuado, no cumple su único objetivo que es el de aplicar las leyes con absoluta equidad. Ya todos los españoles no somos iguales ante la Ley.


Nueva Ley Política necesaria para el cambio

     Ante esta situación, tal vez sería bueno que:

     - Ni un solo cargo del estamento judicial sea nombrado por el poder político.

     - Los órganos de gobierno del Poder Judicial sean nombrados por los propios jueces.

   - Los jueces no puedan asociarse según un pretendido conservadurismo o progresismo en ningún tipo de agrupación. No tiene sentido. Su misión es aplicar las leyes vigentes en cada momento, y nada más. Y es mucho si, además, consiguen hacerlo con rapidez.

     - El Fiscal General del Estado, cargo importantísimo, será nombrado por el Poder Judicial para evitar lo sucedido en la mayoría de los casos de nuestra joven democracia. Muchos de ellos debieron ser destituidos por partidistas y prevaricadores pues su actuación fue nula frente al Gobierno y especialmente quisquillosa frente a la oposición.

   - Sería muy conveniente que todos los jueces se abstuvieran de declarar sus preferencias políticas, quedando esto en su intimidad personal y en el secreto que salvaguarda el voto. El que optare por hacer públicas sus preferencias debería quedar inhabilitado para desempeñar ningún cargo en las instituciones judiciales o para juzgar delitos políticos. Una misión tan elevada como la suya debe preservarse de toda duda. Como la mujer del César, además de honestos deben parecerlo.

    - Si cualquier ciudadano cree que el Fiscal General no ha actuado según la obligación de su cargo ante determinada situación, puede y debe denunciarlo. Si se llegara a sentencia condenatoria por incumplimiento de su deber, quedará inmediatamente inhabilitado de por vida para cualquier cargo público, amén de las sanciones pertinentes según el caso.
 
    - Para que la Justicia sea eficaz y rápida, debe disponer de los medios personales, pecuniarios y técnicos suficientes. Para conseguirlo, estará regulado que la primera partida en los Presupuestos Generales del Estado que cada año presenta el Gobierno a las Cortes, será la destinada a financiar adecuadamente el funcionamiento del Poder Judicial y cuya cuantía será acordada por el ministerio de Hacienda y el responsable económico de dicho Poder. El procedimiento debe garantizar la absoluta independencia de funcionamiento frente al Gobierno pero dicho funcionamiento se verá  controlado  por una auditoría independiente.

    - El sueldo de los jueces y fiscales, al contrario que el de los políticos vocacionales, debe ajustarse a la categoría de la responsabilidad del cargo que desempeñan y al extraordinario esfuerzo que supone adquirir la cualificación necesaria para ello.

  - En caso de sentencia condenatoria para un juez o fiscal por delito de prevaricación, cohecho, malversación, fraude, etc., esta persona debe quedar inhabilitada de por vida para el ejercicio de su función.


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1 comentario:

  1. Raúlñ Ibáñez Martínez31 de enero de 2013, 7:20

    "El DERECHO que no contiene JUSTICIA, mata la JUSTICIA".

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